Soraya Lara, presidenta de la entidad se quejó, asimismo, de que “las autoridades no valoran la peligrosidad ni dan un adecuado seguimiento a las denuncias” de las potenciales víctimas.
“Entendemos que, una vez que la mujer decida denunciar a su agresor, se deben tomar en cuenta los criterios que ponen en riesgo su vida o, incluso, la del agresor mismo, y la de sus hijos”, indicó en un documento.
Recordó “investigaciones, estudios especializados, psicólogos y psiquiatras preocupados por los homicidios contra las parejas recomiendan tomar en cuenta factores de riesgo el historial prolongado de maltratos físicos y psicológicos, las amenazas y experiencias concretas de mayor violencia, los celos patológicos y un intenso nivel de apego como piedras angulares del feminicidio, consumo de alcohol y drogas que incrementan la impulsividad y agresividad machistas y el aislamiento familiar y social del agresor, así como la tenencia y porte de armas, entre otros”.
“Es de suma relevancia que esos factores de riesgo sean considerados por los actores del sistema de atención y protección a las víctimas del flagelo de la violencia intrafamiliar. Además, es importante que el Ministerio Público y el Poder Judicial coordinen acciones para salvaguardar la integridad física y la vida de la mujer que haya decidido denunciar a su verdugo”, argumentó.
Lara llamó a la sensatez y a la defensa de los derechos humanos e inalienables de la mujer, a tener una vida digna y libre de violencia.
